· El gobernador Miguel Barbosa, calificó de “ilegales” las cuotas solicitadas a los padres de familia.
· Las cuotas reflejan la ambición de maestros, directivos y asociaciones de padres de familia de lucrar con el derecho a la educación.
· La SEP reconoce que las cuotas son ilegales, pero pide que los papás “se pongan de acuerdo” para fijarlas.
· La Constitución y la Ley General de Educación prohíben “cualquier contraprestación que impida o condicione la educación a los niños y jóvenes.
Por Raquel Martínez Brenis
Ante la polémica de cobrar o no las cuotas escolares, en el contexto del próximo inicio del ciclo escolar 2022-2023, las autoridades educativas dicen que la ley las prohíbe, pero que no impiden, que los papás cooperen en el mantenimiento de las escuelas, vía la cooperación “.voluntaria”.
De acuerdo al Artículo Tercero Constitucional, se establece la gratuidad de la educación mexicana, por lo que el Artículo sexto de las disposiciones generales de la Ley General de Educación, se determina la prohibición del pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación del servicio educativo a los niños y jóvenes.
De acuerdo a lo anterior, está prohibido que se pida cooperación a los padres de familia, como se hace siempre por directivos escolares y agrupaciones de papás, siempre en contubernio, estableciendo cuotas para el supuesto mantenimiento de las escuelas, dinero que en la mayoría de los casos va a parar en los bolsillos de los directores de las escuelas y “representantes de los papás”. Casos y denuncias los hay por montones.
En un análisis al respecto que se hizo en el Senado, en 2013, se reveló que las cuotas “voluntarias” ascendieron en ese año a casi 7 mil millones de pesos. Ante tan exorbitantes recursos, los senadores se preguntaron que era lo que las autoridades educativas estaban dejando de hacer en la operación de las escuelas para que se recabaran esas cantidades de dinero y concluyeron en que tal cantidad de dinero es el reflejo la ambición de maestros, directivos y asociaciones de padres de familia de lucrar con el derecho a la educación.
Es decir, que las cuotas escolares se han convertido en botín para directivos de escuelas y asociaciones de padres de familia.
Un ejemplo del abuso en el cobro de las cuotas se da en el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec de la Ciudad de Puebla, por la abusiva cantidad que se exige a los papás, de 2 mil 600 pesos por alumno, lo que generó diversas manifestaciones de molestia de los papás, mismas que al ser ventiladas en medios de comunicación, tuvo que intervenir el Gobernador Barbosa para asegurar que estaban prohibidas, ya que el estado destina más de 30 mil millones de pesos que se destinan para salarios y mantenimiento de las escuelas.
Barbosa Huerta, fue enfático en calificar de “ilegales” las cuotas que son solicitadas a los padres de familia en diversos centros escolares de la entidad, por lo que pidió a Melitón Lozano Pérez, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), atender todos los reportes sobre estas ilegales prácticas.
Pese a lo anterior, la SEP por medio de un boletín de prensa confuso, dice por un lado que la Ley General de Educación prohíbe “la retribución de contraprestaciones”, es decir el pago de cuotas y por otro lado dice que el pago de las cuotas “voluntarias” no deben limitar la inscripción de los estudiantes al nuevo ciclo escolar.
Y para rematar, la SEP pide a los comités de padres de familia, realizar “un diagnóstico pormenorizado de las necesidades de cada escuela y exponerlo durante una asamblea para fijar el monto a solicitar.
Todos sabemos y hemos sufrido alguna vez, que las escuelas imponen cuotas al arbitrio en complicidad con las asociaciones de padres de familia, y que al final se reparten gran parte de esas aportaciones “voluntarias”.
El gobernador ya dijo que son ilegales por lo que se destina suficiente dinero, más de 30 mil millones de pesos, lo que revela que el capital que aportan los papás para “el mantenimiento de las escuelas”, es dinero que se “ahorran” del presupuesto y que también va a parar a los bolsillos de los funcionarios.
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